Cruz Roja analiza recortar horarios y rescates por déficit

La Cruz Roja Costarricense estudia reducir horarios y rescates ante pérdidas millonarias. Conozca las cifras y los servicios bajo evaluación

COSTA RICA — La Cruz Roja estudia reducir horarios y suspender rescates especializados por una crisis financiera que lleva cuatro años de pérdidas y amenaza la continuidad de los servicios esenciales.

La Cruz Roja Costarricense enfrenta uno de sus desafíos financieros más delicados de los últimos años. La acumulación de resultados económicos negativos ha llevado a la institución a considerar modificaciones en sus operaciones, entre ellas una reducción de las jornadas de atención en determinados comités auxiliares y la eventual suspensión de servicios especializados de rescate.

Las alternativas fueron expuestas este lunes 12 de octubre de 2026, en medio de una creciente preocupación por la capacidad de la organización humanitaria para mantener su cobertura nacional. Aunque las medidas todavía se encuentran bajo evaluación, su posible aplicación plantea interrogantes sobre la atención de emergencias en comunidades alejadas, zonas montañosas y territorios donde la disponibilidad de recursos de respuesta resulta especialmente importante.

La situación no corresponde a una interrupción generalizada de los servicios. La institución continúa desarrollando sus labores mientras examina fórmulas para contener los gastos, fortalecer sus ingresos y preservar las operaciones prioritarias.

Cuatro años de pérdidas muestran el deterioro financiero

Los resultados económicos de la Cruz Roja reflejan una tendencia sostenida de pérdidas que comenzó en 2022 y se profundizó durante los años siguientes.

Según los estados financieros divulgados por La Nación, la organización cerró 2022 con un déficit de ¢524 millones. En 2023, el resultado negativo aumentó a ¢704 millones, mientras que en 2024 alcanzó ¢865 millones. Para 2025, las pérdidas llegaron a ¢936 millones.

La suma de esos cuatro ejercicios representa aproximadamente ¢3.029 millones en resultados negativos acumulados. Esta cantidad permite dimensionar la persistencia del desequilibrio, aunque no debe confundirse con la deuda total ni con las necesidades inmediatas de efectivo de la institución.

La evolución de las cifras también evidencia un deterioro importante: el déficit anual de 2025 fue aproximadamente un 79% superior al registrado en 2022.

El comportamiento de 2026 añadió nuevas preocupaciones. Entre enero y julio, la Cruz Roja acumuló pérdidas por ¢943 millones, una cantidad que ya superaba el resultado negativo de todo 2025.

Esta comparación no constituye una proyección de cierre anual, debido a que los ingresos y gastos pueden variar durante los meses restantes. Sin embargo, confirma que las dificultades presupuestarias no se habían corregido durante la primera parte del año.

El desequilibrio entre ingresos y gastos limita las operaciones

El problema financiero está relacionado con la diferencia entre los recursos disponibles y el costo de mantener una estructura nacional de atención de emergencias.

En 2025, la Cruz Roja registró ingresos por aproximadamente ¢24.879 millones y gastos por ¢25.816 millones, de acuerdo con la información financiera publicada por La Nación.

Dentro de esos gastos, los salarios y las cargas sociales representaron alrededor de ¢14.929 millones, equivalentes al 57,8% del total. Esta partida constituye un componente importante del presupuesto necesario para sostener la operación institucional.

Walter Fallas, gerente general de la Cruz Roja Costarricense, explicó que la demanda de atención continúa presionando los recursos y que los ingresos no han crecido al ritmo requerido para cubrir las obligaciones operativas.

Las emergencias prolongadas, los traslados, el funcionamiento de ambulancias y la movilización de equipos especializados implican gastos que no desaparecen cuando una intervención es realizada por personal voluntario.

Además del combustible y el mantenimiento de vehículos, existen necesidades relacionadas con seguros, equipamiento, comunicaciones y protección del personal.

La institución debe enfrentar estos costos mientras mantiene la disponibilidad necesaria para responder a incidentes cuya frecuencia y ubicación no pueden anticiparse.

Más de la mitad de los comités registrados enfrenta números rojos

La crisis nacional también se refleja en la situación de las estructuras locales.

Según información institucional divulgada por La Nación, a junio de 2026 existían 66 comités o estructuras territoriales con resultados financieros negativos, dentro de un universo de 121.

La proporción equivale aproximadamente al 54,5% del total identificado en ese reporte.

El dato resulta relevante porque demuestra que el desequilibrio no está concentrado exclusivamente en las oficinas centrales. Una parte considerable de la red territorial enfrenta dificultades para financiar su funcionamiento.

No obstante, registrar pérdidas no significa necesariamente que cada comité se encuentre cerrado o que haya dejado de prestar servicios.

Un comité puede mantener operaciones mediante transferencias, apoyo institucional u otros mecanismos mientras intenta corregir su déficit.

La situación financiera de cada unidad, su disponibilidad de ambulancias, sus horarios y su importancia para las comunidades son factores que deben distinguirse antes de evaluar eventuales modificaciones operativas.

Rescates en montaña y agua figuran entre los servicios amenazados

Entre las alternativas examinadas por la administración se encuentra dejar de ofrecer determinadas operaciones especializadas cuyo costo supera las posibilidades actuales de financiamiento.

Los rescates acuáticos y en montaña figuran entre los servicios bajo consideración.

A diferencia de algunas intervenciones prehospitalarias convencionales, estas operaciones pueden requerir desplazamientos prolongados, personal con capacitación específica, equipos especializados y vehículos adaptados a condiciones difíciles.

También pueden extenderse durante varias horas o jornadas, aumentando el consumo de recursos y la necesidad de cubrir gastos adicionales.

La administración analiza asimismo los operativos de recuperación de cuerpos efectuados en colaboración con el Organismo de Investigación Judicial y determinadas intervenciones en territorios indígenas.

Estas funciones presentan necesidades logísticas particulares que pueden incrementar el costo de cada movilización.

Sin embargo, la posibilidad de reducir o suspender algunos de estos servicios no significa que ya exista una decisión definitiva sobre todos ellos.

Hasta la información conocida este 12 de octubre, no se había divulgado un calendario completo de suspensión, una lista definitiva de operaciones eliminadas ni un nuevo esquema nacional de cobertura.

La reducción de horarios podría afectar la respuesta nocturna

Otra medida considerada consiste en limitar el funcionamiento de algunos comités a jornadas diurnas.

Este escenario plantea una preocupación específica para las comunidades que actualmente dependen de una base local durante la noche.

Si una unidad deja de operar en determinado horario, una emergencia podría requerir la movilización de personal o ambulancias desde otra localidad.

El efecto concreto dependería de la distancia, las condiciones de las carreteras, la disponibilidad de vehículos y la coordinación entre las unidades de emergencia.

Por esa razón, no es posible establecer un incremento uniforme en los tiempos de respuesta sin conocer cuáles comités serían afectados y cómo se reorganizarían sus áreas de cobertura.

La diferencia entre reducir un horario administrativo y disminuir la disponibilidad efectiva de equipos de emergencia también es importante.

Para las comunidades, el aspecto decisivo no es solamente si una sede permanece abierta, sino qué recursos estarán disponibles cuando se solicite asistencia.

La institución deberá determinar cómo mantener la continuidad del servicio en las zonas donde se apliquen eventuales ajustes.

Una demanda superior a medio millón de incidentes anuales

La presión presupuestaria ocurre en una organización que mantiene una actividad operativa considerable.

Durante 2025, la Cruz Roja atendió 537.919 incidentes de emergencia, según los datos institucionales publicados por La Nación.

Distribuida a lo largo del año, esa cantidad equivale aproximadamente a una atención cada 59 segundos en el territorio nacional.

Se trata de un promedio estadístico, no de una frecuencia constante. La cantidad de incidentes puede aumentar o disminuir según el día, las condiciones meteorológicas, la ubicación y el tipo de emergencia.

El volumen permite comprender la dificultad de reducir costos sin examinar simultáneamente la capacidad de respuesta.

Una disminución de recursos operativos puede generar ahorros presupuestarios, pero también obliga a revisar la distribución de ambulancias, personal y equipos para mantener la atención de incidentes prioritarios.

La institución enfrenta así dos necesidades simultáneas: recuperar el equilibrio financiero y conservar una red humanitaria capaz de responder a una elevada demanda nacional.

Auditoría externa advierte riesgos para la continuidad

El deterioro financiero también fue señalado en un informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio de 2025.

De acuerdo con la información publicada sobre ese documento, elaborado por el Consorcio EMD, las pérdidas recurrentes generan una incertidumbre material sobre la capacidad institucional para sostener sus operaciones a mediano y largo plazo.

Una advertencia de esta naturaleza no equivale a declarar que la organización se encuentra en quiebra ni que todas sus actividades dejarán de funcionar.

Señala, más bien, que existen condiciones financieras relevantes que pueden afectar la continuidad si no se adoptan medidas suficientes.

El documento incrementa la importancia de examinar la sostenibilidad del modelo de financiamiento, el comportamiento de los gastos y las necesidades de inversión.

Las decisiones deben considerar tanto las obligaciones económicas como la función humanitaria que la Cruz Roja desempeña en el país.

La institución busca recursos y mantiene una campaña de donaciones

Frente al deterioro de sus finanzas, la Cruz Roja inició nuevas acciones para ampliar sus fuentes de ingresos.

El 22 de setiembre presentó la campaña nacional denominada Colecta que Salva Vidas, dirigida a personas, comunidades, empresas, organizaciones y municipalidades.

La iniciativa busca obtener contribuciones económicas que ayuden a sostener y fortalecer los servicios humanitarios.

La organización también espera recibir una partida pública de ¢1.500 millones previamente aprobada. Según las declaraciones de su gerencia recogidas por La Nación, estos recursos permitirían aliviar necesidades operativas, aunque no resolverían por sí solos el desequilibrio estructural.

Fallas señaló que la institución necesitaría al menos ¢10.000 millones adicionales al año para sostener sus operaciones bajo las condiciones planteadas por la administración.

Estas cantidades permiten diferenciar dos asuntos: disponer de liquidez para atender obligaciones inmediatas y contar con ingresos suficientes para financiar de manera sostenible los servicios futuros.

Una transferencia extraordinaria puede mejorar temporalmente la disponibilidad de efectivo sin corregir necesariamente las causas del déficit recurrente.

Por ello, la recaudación de donaciones forma parte de una respuesta más amplia que todavía requiere decisiones sobre ingresos, gastos y prioridades operativas.

Los cambios siguen bajo estudio y no existe un cierre general anunciado

La gerencia de la Cruz Roja descartó nuevos cierres de sedes durante lo que resta de 2026, aunque reconoció que la institución necesita realizar ajustes para recuperar su estabilidad económica.

La decisión es relevante porque permite distinguir los escenarios de reducción de horarios y suspensión de servicios especializados de un cierre general de operaciones.

Por ahora, los comités y las comunidades deben esperar información institucional específica sobre cualquier modificación que afecte la prestación de servicios.

La página oficial de la Cruz Roja mantiene el 9-1-1 como el número único para solicitar asistencia en emergencias.

El principal desafío será definir medidas financieras que permitan preservar las funciones esenciales sin trasladar de manera desproporcionada las consecuencias de la crisis a las poblaciones que dependen de la respuesta humanitaria.

Los próximos anuncios institucionales deberán aclarar qué operaciones podrían modificarse, cuáles permanecerán protegidas y qué mecanismos de cobertura se aplicarán en caso de que las propuestas de reducción lleguen a ejecutarse.

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