Cédula digital Costa Rica 2027: conozca desde cuándo será obligatorio aceptarla, cuánto cuesta, sus requisitos y cómo solicitarla al TSE ya.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — Desde el 1.º de enero de 2027, entidades públicas y privadas deberán aceptar la cédula digital. El documento es opcional para los ciudadanos, cuesta ₡2.600 y durará cuatro años.
La forma de identificarse ante instituciones, comercios y entidades públicas en Costa Rica tendrá un cambio importante a partir del próximo año. Desde el 1.º de enero de 2027, la Identidad Digital Costarricense (IDC) deberá ser aceptada como documento oficial cuando una persona la presente para realizar trámites o solicitar servicios.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó esta disposición mediante un comunicado emitido el 10 de noviembre de 2026. La medida obliga a las organizaciones públicas y privadas a reconocer una identificación electrónica que posee la misma validez jurídica que la cédula tradicional.
La nueva exigencia no significa que toda la población deba comprar una cédula digital ni que desaparezca el documento físico. La obligación corresponde a las instituciones que verifican la identidad de sus usuarios, mientras que cada ciudadano conserva la posibilidad de decidir qué formato utilizar.
La IDC comenzó a funcionar en setiembre de 2025 y ya registra más de 107.000 solicitudes. Su incorporación representa una transformación en los procedimientos de identificación, aunque también plantea desafíos de adaptación para organizaciones que durante años han trabajado exclusivamente con documentos físicos.
Desde enero de 2027 no podrán exigir la cédula física como identificación adicional
El alcance de la disposición va más allá de permitir que una persona muestre su identificación desde un teléfono celular.
Según la regulación emitida por el TSE, las instituciones públicas y privadas deben adecuar sus procedimientos para aceptar la IDC cuando sea presentada como documento oficial.
Una vez transcurrido el plazo establecido, ninguna entidad podrá exigir la cédula física como documento adicional de identificación únicamente porque el usuario haya presentado su credencial digital válida.
Esta diferencia resulta fundamental para comprender el cambio. La obligación no consiste simplemente en reconocer que existe una aplicación de identificación, sino en incorporarla efectivamente a los procesos de atención y verificación.
Por ejemplo, una organización cuyos procedimientos internos contemplen exclusivamente la revisión de una cédula de plástico deberá adaptar esas instrucciones para reconocer el formato electrónico.
El requisito también afecta a las entidades que necesitan comprobar la identidad de una persona antes de brindarle un servicio. La presentación de la IDC deberá recibir el reconocimiento jurídico correspondiente.
Sin embargo, aceptar la identificación digital no equivale a eliminar otros requisitos administrativos. Dependiendo del trámite, una entidad todavía podría solicitar formularios, comprobantes u otros documentos distintos de la cédula que sean legalmente necesarios.
El cambio se refiere específicamente a la forma válida de acreditar la identidad de una persona.
Por qué se estableció el plazo del 1.º de enero de 2027
La fecha anunciada por el TSE responde a un proceso de adaptación institucional que comenzó antes del comunicado de noviembre.
La Identidad Digital Costarricense se habilitó el 9 de setiembre de 2025, pero su implementación general requería que numerosas organizaciones ajustaran sus mecanismos de identificación.
Posteriormente, el Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial plantearon solicitudes relacionadas con la ampliación del plazo previsto para incorporar el documento a sus procedimientos.
En la resolución 1120-E7-2026, dictada el 11 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones analizó esas gestiones y estableció una modificación reglamentaria.
Uno de los aspectos examinados fue la utilización de la IDC durante las actuaciones policiales. El Ministerio de Seguridad Pública había señalado dificultades operativas vinculadas con la verificación de identidad en controles y otras intervenciones.
El TSE determinó que las actuaciones policiales también constituyen una actividad administrativa y que la identidad digital es un medio jurídicamente suficiente para identificar a una persona.
Por ello, no concedió una exclusión permanente a los cuerpos policiales, aunque reconoció la necesidad de coordinar procedimientos y facilitar herramientas de verificación.
El organismo electoral también consideró las necesidades de adaptación del Poder Judicial y decidió extender el plazo general hasta enero de 2027.
Este antecedente permite comprender que la nueva fecha no representa el lanzamiento de una identificación distinta. Se trata de la culminación del periodo otorgado a las instituciones para incorporar un documento que ya existe y tiene validez jurídica.
Cómo solicitar la cédula digital en Costa Rica, paso a paso
Las personas interesadas pueden gestionar su Identidad Digital Costarricense mediante el sitio oficial del Tribunal Supremo de Elecciones.
El procedimiento se encuentra disponible en línea durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, por lo que la solicitud no requiere ajustarse al horario de atención de las oficinas institucionales.
Antes de iniciar, la persona debe cumplir tres condiciones fundamentales: disponer de una cédula física vigente, contar con un dispositivo móvil compatible y no tener documentos de identidad pendientes de retiro.
El proceso comprende las siguientes etapas:
1. Ingresar a la plataforma oficial del TSE. La persona debe acceder al apartado destinado a la Identidad Digital Costarricense desde el portal institucional.
2. Introducir el número de cédula. El sistema solicita los datos necesarios para identificar al solicitante y comenzar la gestión.
3. Completar la verificación de identidad. La plataforma establece mecanismos de comprobación para garantizar que la solicitud corresponda al titular del documento.
4. Registrar un correo electrónico válido. Este medio permite recibir la información necesaria para continuar con la activación.
5. Realizar el pago. El costo ordinario es de ₡2.600 y puede cancelarse mediante tarjetas Visa o Mastercard.
6. Descargar la aplicación oficial. Una vez completados los pasos correspondientes, el solicitante debe instalar la aplicación IDC-Ciudadano desde la tienda habilitada para su dispositivo.
7. Activar la identidad digital. El procedimiento incluye las instrucciones suministradas por el TSE, una comprobación biométrica y la configuración de un código PIN de seguridad.
La plataforma institucional también contempla la utilización de un código QR recibido durante el proceso de activación.
El TSE indica que las personas que todavía no han solicitado su primera cédula física deben obtener inicialmente ese documento tradicional y posteriormente tramitar su versión digital.
Es recomendable utilizar exclusivamente los canales oficiales para descargar la aplicación y completar el procedimiento, con el fin de evitar sitios que pretendan recopilar información personal utilizando la apariencia del servicio electoral.
Cuánto cuesta la IDC y quiénes pueden obtenerla gratis
La cédula digital tiene un precio de ₡2.600 y una vigencia de cuatro años.
El pago corresponde al servicio electrónico y no implica una sustitución obligatoria del documento tradicional.
El TSE estableció una exención para las personas adultas mayores, quienes pueden obtener la IDC sin cancelar el monto ordinario.
Esta diferencia resulta relevante para quienes están evaluando si les conviene adquirir la identificación digital antes de que comience la obligación general de aceptarla.
Aunque el formato electrónico representa una alternativa adicional, no es indispensable para continuar identificándose en instituciones públicas o privadas.
La cédula física seguirá disponible y su emisión ordinaria continuará siendo gratuita, con las excepciones aplicables cuando una persona excede la cantidad permitida de duplicados durante un mismo año.
El organismo electoral mantiene la atención presencial para ese documento tanto en su sede central como en sus 32 oficinas regionales.
De esta manera, la modernización tecnológica no elimina la posibilidad de utilizar el mecanismo de identificación tradicional.
Más de 107.000 solicitudes: qué indican las cifras del TSE
Entre el 9 de setiembre de 2025, cuando comenzó el servicio, y el 1.º de noviembre de 2026, 107.243 personas habían solicitado la Identidad Digital Costarricense, de acuerdo con las cifras oficiales.
El dato corresponde a aproximadamente catorce meses de funcionamiento y permite observar el interés inicial que ha despertado esta modalidad.
No obstante, es importante distinguir entre solicitudes y utilización efectiva del documento.
La cifra publicada representa las gestiones registradas por el organismo electoral. Por sí sola, no permite determinar cuántas credenciales están activas, con qué frecuencia son utilizadas o qué porcentaje de instituciones ha completado su preparación tecnológica.
Tampoco permite establecer que todas las organizaciones del país estén listas para aceptar la IDC antes del vencimiento del plazo.
La implementación tiene dos componentes diferentes: la disponibilidad de la identificación para los ciudadanos y la capacidad de las instituciones para reconocerla.
El primero depende de que cada persona decida solicitar el documento y complete su activación.
El segundo exige que las organizaciones dispongan de procedimientos apropiados para reconocer y comprobar una credencial electrónica.
Por esa razón, el inicio de la aceptación obligatoria no supone que todos los habitantes deban incorporarse al sistema.
La medida busca garantizar que quienes opten por utilizar la IDC puedan hacerlo sin que la falta de adaptación institucional anule su utilidad.
Seguridad digital: cómo se verifica la autenticidad de la cédula
Uno de los componentes centrales de la IDC es su sistema de protección de identidad.
A diferencia de una fotografía común de la cédula almacenada en la galería del teléfono, la identificación oficial utiliza mecanismos diseñados para autenticar al titular y proteger la información incorporada.
El TSE señala que el sistema emplea cifrado avanzado, datos biométricos, reconocimiento facial y códigos de seguridad.
La información biométrica utilizada en el procedimiento se relaciona con los registros que el organismo electoral conserva de las gestiones previas de identificación física.
Durante la activación, el usuario debe cumplir las comprobaciones requeridas y establecer un PIN que protege el acceso al documento electrónico.
Las instituciones también disponen de herramientas de verificación para comprobar la autenticidad de la credencial presentada.
En la resolución relacionada con el plazo de implementación, el TSE explicó que una primera revisión puede realizarse al observar la identificación dentro de la aplicación oficial y comparar los datos y la fotografía con la persona que la presenta.
Cuando existan dudas sobre la autenticidad del documento, pueden utilizarse mecanismos adicionales de comprobación.
Esta distinción es importante porque una captura de pantalla no ofrece necesariamente las mismas posibilidades de autenticación que una credencial abierta mediante su aplicación oficial.
Los controles tecnológicos buscan reducir intentos de falsificación, adulteración y suplantación de identidad, además de facilitar la comprobación de datos.
Sin embargo, la seguridad del sistema también requiere prácticas responsables por parte de los usuarios, como proteger sus códigos de acceso y utilizar aplicaciones provenientes de fuentes oficiales.
Qué deberán preparar bancos, comercios e instituciones públicas
La entrada en vigor de la aceptación obligatoria tendrá implicaciones operativas para las organizaciones que solicitan identificación a sus usuarios.
Las instituciones deberán revisar si sus procedimientos actuales permiten reconocer un documento oficial presentado desde una aplicación móvil.
En las entidades que utilizan controles presenciales, esta adaptación puede involucrar capacitación del personal, actualización de instrucciones internas y utilización de herramientas de verificación.
También puede ser necesario revisar procedimientos que todavía hacen referencia únicamente a la presentación de una cédula física.
El TSE ha señalado que la identidad digital ofrece ventajas para las instituciones, entre ellas la reducción de errores asociados con la transcripción manual de datos y una verificación más rápida de los solicitantes.
La incorporación de mecanismos digitales también puede contribuir a disminuir determinados riesgos de suplantación, al permitir comprobar la autenticidad de la credencial mediante herramientas especializadas.
No obstante, estos beneficios dependen de una aplicación correcta de los procedimientos y de la utilización adecuada de la tecnología.
La obligación de aceptar la IDC no significa que todos los servicios bancarios, comerciales o administrativos deban realizarse exclusivamente por internet.
Las organizaciones seguirán aplicando los requisitos propios de cada gestión, pero deberán reconocer la identificación digital como documento válido.
Este aspecto será especialmente importante durante los primeros meses de 2027, cuando las personas comiencen a utilizar con mayor frecuencia la credencial en instituciones que anteriormente solicitaban solo la tarjeta física.
La cédula tradicional continuará vigente
La modernización del sistema de identificación costarricense no contempla eliminar la cédula física por la entrada en vigor de esta disposición.
El Tribunal Supremo de Elecciones confirmó que continuará ofreciendo el documento tradicional en sus oficinas.
En consecuencia, ambos formatos coexistirán y podrán utilizarse como medios oficiales de identificación.
Esta posibilidad permite que las personas que no desean adquirir la versión digital, no cuentan con un dispositivo compatible o prefieren utilizar la tarjeta física mantengan su forma habitual de identificarse.
También evita confundir la obligatoriedad institucional con una exigencia individual de cambiar de documento.
El proceso de digitalización amplía las opciones disponibles, pero no establece que la población deba abandonar la identificación tradicional.
Por otra parte, deben distinguirse los procedimientos administrativos de las reglas electorales específicas. Para las elecciones nacionales de febrero de 2026, el TSE estableció que la votación requería la cédula física. Las condiciones de futuros procesos electorales deberán atender las disposiciones correspondientes.
Qué deben saber los ciudadanos antes del 1.º de enero
La fecha decisiva es el 1.º de enero de 2027, cuando vencerá el plazo para que las entidades públicas y privadas adapten sus procedimientos de aceptación de la IDC.
Quienes ya cuentan con la identificación electrónica podrán continuar utilizándola conforme a su validez legal. Quienes todavía no la han solicitado pueden hacerlo por internet, siempre que cumplan los requisitos del TSE.
No existe obligación de adquirirla antes de esa fecha.
Para las instituciones, en cambio, el plazo representa un deber de adaptación: deberán estar preparadas para reconocer el formato digital cuando sea presentado por una persona usuaria.
La incorporación de la Identidad Digital Costarricense marca así una nueva etapa en los servicios de identificación del país, al establecer una alternativa electrónica con reconocimiento jurídico y mantener simultáneamente la cédula física.
El cambio fundamental no será que todos los ciudadanos deban llevar su identidad en el celular, sino que quienes decidan hacerlo tengan garantizada la aceptación oficial del documento en sus trámites y solicitudes de servicios.

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