Recortes presupuesto Costa Rica 2026: el Gobierno plantea reducir ¢167.968 millones; conozca los ajustes y qué debe aprobar el Congreso hoy.
SAN JOSÉ, COSTA RICA — El Ejecutivo propone reducir ¢167.968 millones del presupuesto de 2027 ante menores ingresos tributarios. El proyecto sigue en trámite y requiere aprobación del Congreso en ley.
El Presupuesto Nacional de Costa Rica podría cerrar el 2026 con una reducción neta de aproximadamente ¢167.968 millones si la Asamblea Legislativa aprueba el segundo presupuesto extraordinario presentado por la administración de Laura Fernández Delgado. La iniciativa responde a una revisión a la baja de los ingresos fiscales esperados y contempla recortes institucionales, redistribuciones de recursos y cambios en la forma de financiar obligaciones del Estado.
El ajuste está contenido en el expediente legislativo 25.803, presentado por el Poder Ejecutivo el 28 de septiembre de 2026. Aunque la propuesta avanzó en su tramitación parlamentaria, las modificaciones todavía no deben interpretarse como reducciones definitivas del presupuesto vigente.
La discusión ocurre mientras los diputados también examinan el proyecto de presupuesto ordinario para 2027, cuyo monto asciende a aproximadamente ¢12,4 billones. Ambos procesos tienen consecuencias fiscales, pero corresponden a ejercicios presupuestarios distintos y requieren decisiones legislativas separadas.
La diferencia es fundamental para comprender qué recursos ya fueron modificados, cuáles están pendientes de autorización y qué implicaciones podrían tener las decisiones del Congreso sobre la ejecución del gasto público.
Menores ingresos tributarios obligan a revisar las cuentas de 2026
El origen del segundo presupuesto extraordinario se encuentra en una disminución de ¢373.390,8 millones en los ingresos tributarios previstos para 2026.
Esta revisión significa que el Estado espera recibir menos recursos por impuestos respecto de lo contemplado anteriormente en sus proyecciones. Se trata de una diferencia entre la recaudación estimada y la expectativa presupuestaria, no necesariamente de una disminución de igual magnitud en la recaudación efectivamente obtenida durante el año.
Para enfrentar esa situación, el Gobierno propone ajustar las autorizaciones de gasto y sustituir parcialmente fuentes de financiamiento.
La información del expediente 25.803 identifica una reducción neta de aproximadamente ¢167.968,2 millones en el presupuesto. El proyecto también contempla una modificación de ¢35.581,4 millones mediante redistribuciones entre programas e instituciones.
A ello se agrega la sustitución de ¢265.868,6 millones originalmente financiados mediante ingresos corrientes, que pasarían a cubrirse mediante la colocación de títulos valores.
Este último mecanismo requiere una explicación particular: colocar títulos valores significa obtener financiamiento mediante instrumentos de deuda pública. Por lo tanto, no equivale a reducir el gasto por el mismo monto, sino a cambiar la fuente de los recursos destinados a cubrir determinadas obligaciones.
La diferencia permite entender por qué las cifras relacionadas con ingresos, recortes y endeudamiento no pueden sumarse como si correspondieran a una sola disminución presupuestaria.
Las rebajas propuestas alcanzan a 23 instituciones públicas
Dentro del segundo presupuesto extraordinario, el Ejecutivo plantea rebajas por aproximadamente ¢60.862 millones distribuidas entre 23 instituciones y órganos del sector público.
Entre las disminuciones identificadas durante la discusión legislativa figuran partidas del Poder Judicial, del Ministerio de Educación Pública y del Ministerio de Seguridad Pública.
En particular, se han señalado reducciones cercanas a ¢13.105 millones para el Poder Judicial, ¢8.602 millones para Educación Pública y ¢7.546 millones para Seguridad Pública.
Estas cifras corresponden a propuestas sometidas a consideración legislativa. No permiten concluir, por sí solas, que los servicios de esas instituciones hayan sufrido reducciones equivalentes en su operación cotidiana.
El efecto real depende del tipo de partida afectada. Una rebaja de recursos vinculados con plazas vacantes, por ejemplo, no tiene necesariamente las mismas consecuencias inmediatas que una disminución destinada a adquirir vehículos, mantener infraestructura o financiar programas de atención directa.
Por esta razón, evaluar un recorte únicamente por su monto puede resultar insuficiente. También es necesario identificar su destino original, su nivel de ejecución y la posibilidad de que la institución mantenga sus compromisos con otras partidas.
En el caso de Seguridad Pública, la documentación disponible también identifica cambios relacionados con recursos destinados a vehículos y motocicletas.
La evaluación del efecto operativo de estas modificaciones requiere conocer el presupuesto detallado y el estado de contratación de los bienes o servicios correspondientes.
Reducir el presupuesto no significa necesariamente reducir el déficit
Uno de los elementos centrales del debate es la relación entre las rebajas de gasto propuestas y el deterioro de las proyecciones fiscales.
Aunque el Gobierno solicita disminuir la autorización presupuestaria neta, una parte de las necesidades de financiamiento se cubriría mediante endeudamiento.
La Contraloría General de la República advirtió durante su comparecencia legislativa que el segundo presupuesto extraordinario reflejaría un deterioro del resultado financiero del Gobierno Central.
Según la información presentada durante esa discusión, el déficit proyectado aumentaría del 4,3% al 4,8% del producto interno bruto, equivalente a un deterioro de medio punto porcentual.
La estimación ubica el faltante financiero alrededor de ¢2,5 billones.
Este escenario no supone una contradicción matemática: el presupuesto puede disminuir en términos netos y, simultáneamente, presentar un déficit mayor si la reducción de ingresos resulta más significativa que el ajuste efectivo de gastos.
Además, cuando se sustituyen ingresos corrientes por endeudamiento, el Estado mantiene determinadas obligaciones, pero cambia la forma de obtener los recursos necesarios para cumplirlas.
De esta manera, la discusión no consiste únicamente en establecer cuánto dinero se elimina del presupuesto, sino también cuánto gasto permanece autorizado y qué proporción se financia con ingresos propios o deuda.
Los recortes pendientes son distintos de los ya aprobados
La discusión presupuestaria de 2026 incluye decisiones tomadas en momentos diferentes.
Un primer presupuesto extraordinario ya había introducido modificaciones al plan de gastos del Estado. Entre ellas se encuentra el traslado de ¢70.000 millones para financiar pensiones del Régimen No Contributivo, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.
Esa modificación implicó recursos originalmente asociados con los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai) y el Fondo de Subsidios para la Vivienda.
El segundo presupuesto extraordinario, en cambio, constituye otra iniciativa legislativa.
Sus rebajas y redistribuciones deben evaluarse por separado, porque la presentación de un proyecto de ley o su dictamen en comisión no producen automáticamente los mismos efectos que una modificación presupuestaria aprobada definitivamente.
Esta distinción también evita atribuir a una única decisión legislativa todos los cambios relacionados con programas sociales durante 2026.
Para identificar el efecto acumulado sobre una institución, resulta necesario comparar su asignación original, las modificaciones ya vigentes, los ajustes todavía propuestos y los recursos efectivamente ejecutados.
El presupuesto de 2027 también enfrenta modificaciones
Mientras se analiza el ajuste extraordinario de 2026, el Congreso tramita el presupuesto ordinario de 2027, por aproximadamente ¢12,4 billones.
La cifra es inferior a los aproximadamente ¢12,8 billones correspondientes al presupuesto ordinario de 2026, con una reducción nominal anunciada del 3,1%.
El 20 de octubre de 2026, la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el proyecto de presupuesto para el próximo año, con seis votos a favor y cinco en contra.
Los votos favorables provinieron de diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano, mientras que legisladores del Partido Liberación Nacional y del Frente Amplio se opusieron al dictamen.
Durante la discusión se tramitaron mociones relacionadas con el financiamiento universitario, programas sociales y recursos del Poder Judicial.
Entre los ajustes incluidos en el dictamen figura una redistribución de ¢8.048 millones vinculados al financiamiento de universidades públicas, además de restricciones presupuestarias que afectan partidas del Poder Judicial.
Estas decisiones forman parte del texto que avanzó desde la comisión, pero siguen sujetas a la discusión correspondiente en el plenario legislativo.
Tampoco debe confundirse la reducción del monto global del presupuesto de 2027 con una disminución uniforme de todos los ministerios. Algunas dependencias pueden recibir incrementos, mientras otras experimentan recortes, congelamientos o traslados de partidas.
Para establecer las consecuencias de cada variación es indispensable comparar asignaciones institucionales específicas y considerar los cambios aprobados durante el trámite legislativo.
Qué significa para los ciudadanos que el proyecto siga pendiente
La presentación de un presupuesto extraordinario no constituye, por sí sola, una instrucción inmediata para eliminar servicios públicos.
El procedimiento legislativo permite examinar las modificaciones solicitadas, discutir su justificación y determinar si reciben autorización.
En términos prácticos, las personas que dependen de programas financiados con recursos estatales deben distinguir entre una propuesta de rebaja y una decisión presupuestaria vigente.
En el caso de las instituciones, también importa determinar si la modificación afecta dinero que todavía no se ha comprometido, contratos en ejecución, transferencias programadas o partidas destinadas a nuevas inversiones.
Una rebaja de recursos no ejecutados al cierre del ejercicio podría tener efectos distintos de una reducción aplicada sobre compromisos operativos esenciales.
Sin embargo, tampoco es posible asumir que todas las modificaciones carecerán de consecuencias sobre la prestación de servicios.
La evaluación requiere información institucional detallada, especialmente cuando están involucrados programas dirigidos a poblaciones vulnerables, educación, seguridad, justicia o vivienda.
Para dar seguimiento al segundo presupuesto extraordinario, el documento de referencia es el expediente 25.803. Allí deben revisarse las versiones del proyecto, los dictámenes, las mociones y las votaciones que correspondan.
Ese seguimiento permite identificar si una cifra citada durante el debate todavía pertenece a la propuesta inicial o ya forma parte de un texto legislativo aprobado.
El Congreso deberá resolver dos presupuestos diferentes
El calendario legislativo incorpora una diferencia importante entre los dos proyectos.
El presupuesto ordinario de 2027 debe completar su aprobación antes del vencimiento del plazo constitucional del 29 de noviembre.
El segundo presupuesto extraordinario de 2026 sigue su propio procedimiento y debe obtener la autorización legislativa correspondiente para modificar las partidas previstas en el ejercicio vigente.
Por ello, un dictamen favorable en comisión no equivale a la entrada en vigor de todas las reducciones planteadas por el Poder Ejecutivo.
La votación definitiva y el texto finalmente autorizado serán determinantes para conocer cuáles modificaciones se incorporan al presupuesto nacional.
En conjunto, el debate expone tres asuntos que deben analizarse por separado: la caída prevista de los ingresos tributarios, la decisión sobre qué gastos reducir o redistribuir y el recurso al endeudamiento para atender obligaciones existentes.
La resolución de estos asuntos permitirá conocer el alcance final del ajuste de 2026 y la distribución del presupuesto de 2027. Hasta entonces, los ¢167.968 millones corresponden a una reducción neta propuesta y no a un recorte definitivamente aprobado.
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