Falta de intérpretes LESCO deja barreras en servicios públicos

La Defensoría alerta por falta de intérpretes LESCO en instituciones públicas y pide fortalecer la atención de personas sordas en Costa Rica

SAN JOSÉ, COSTA RICA — La Defensoría advirtió que la escasez de intérpretes profesionales de LESCO limita la atención de personas sordas en instituciones públicas y exigió acciones de acceso efectivo.

La posibilidad de recibir atención médica, presentar una consulta o resolver un trámite administrativo en condiciones de igualdad continúa siendo un desafío para personas sordas en Costa Rica. Una investigación de la Defensoría de los Habitantes identificó dificultades para acceder a servicios profesionales de interpretación de Lengua de Señas Costarricense (LESCO), una herramienta esencial para eliminar barreras de comunicación en las instituciones.

El pronunciamiento, divulgado oficialmente el 30 de octubre de 2026, contiene recomendaciones dirigidas al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Consejo Presidencial Social.

La investigación pone de manifiesto una diferencia entre contar con disposiciones legales sobre accesibilidad y disponer de los recursos necesarios para aplicarlas durante la atención cotidiana.

Aunque determinadas entidades han introducido servicios de interpretación y procesos de capacitación, la Defensoría considera que todavía existen dificultades que requieren respuestas institucionales permanentes.

Solo 11 de 69 instituciones contrataron intérpretes certificados

Uno de los resultados más relevantes procede del Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad de 2025, elaborado por CONAPDIS.

De las 69 instituciones públicas evaluadas, únicamente el 15,94% reportó haber contratado intérpretes certificados de LESCO. Por otra parte, el 11,59% contaba con personal capacitado de manera permanente.

La conversión de esos porcentajes permite apreciar su dimensión: aproximadamente 11 instituciones contrataron intérpretes certificados y ocho disponían de personal capacitado permanentemente.

Esto también significa que cerca de 58 instituciones no reportaron contratación de intérpretes certificados bajo el indicador señalado.

Sin embargo, los dos indicadores miden aspectos diferentes. Contratar intérpretes especializados no equivale necesariamente a disponer de personal propio capacitado, y las cifras publicadas no permiten establecer cuántas instituciones cumplen ambas condiciones simultáneamente.

Tampoco permiten concluir que todas las entidades sin contratación certificada carezcan de cualquier mecanismo de comunicación accesible. Para establecerlo sería necesario conocer sus sistemas de atención, contratos, recursos tecnológicos y procedimientos alternativos.

La importancia de los datos radica en que permiten dimensionar una limitación estructural dentro de las instituciones evaluadas, sin confundirla con una medición completa de la calidad de todos los servicios públicos del país.

Dos denuncias expusieron obstáculos en la atención médica

El expediente de la Defensoría tuvo como antecedente una denuncia relacionada con la disponibilidad de interpretación por videollamada.

Según la información institucional, una persona denunció que CONAPDIS había interrumpido durante 2024 ese servicio debido a restricciones presupuestarias. También cuestionó situaciones en las que personas sordas debían conseguir sus propios intérpretes para acudir a citas médicas, entre ellas atenciones relacionadas con el INS.

Posteriormente, en marzo de 2025, se incorporó una segunda denuncia vinculada con el Área de Salud de Coronado, perteneciente a la CCSS.

En esa gestión se cuestionó la falta de respuesta oportuna de la Contraloría de Servicios frente a una reclamación presentada por una persona usuaria.

Estos antecedentes reflejan dos dimensiones del problema: la disponibilidad efectiva de interpretación durante la prestación del servicio y la posibilidad de presentar reclamaciones cuando la accesibilidad no está garantizada.

En el ámbito sanitario, la comunicación permite explicar síntomas, comprender diagnósticos, conocer tratamientos y participar en decisiones sobre la propia salud.

Por eso, las barreras lingüísticas no deben considerarse únicamente inconvenientes administrativos. Dependiendo de la situación, pueden dificultar la transmisión de información relevante entre pacientes y profesionales.

La Ley 9822 reconoce derechos de comunicación en LESCO

La discusión sobre los intérpretes no parte de una ausencia de reconocimiento jurídico.

Costa Rica cuenta con la Ley 9822, de Reconocimiento y Promoción de la Lengua de Señas Costarricense, aprobada en 2020.

La legislación reconoce la LESCO como patrimonio cultural y lingüístico de la comunidad de personas sordas y establece disposiciones destinadas a facilitar su utilización.

Su artículo 15 contempla la prestación de servicios y comunicación en LESCO por parte de entidades públicas y privadas, así como la incorporación de intérpretes u otros sistemas de comunicación en la atención al público.

Este marco permite comprender por qué la disponibilidad de apoyo comunicacional constituye una cuestión de derechos y no solamente una mejora voluntaria de la experiencia de las personas usuarias.

La norma también reconoce que la accesibilidad puede requerir distintos mecanismos de comunicación, según las necesidades particulares.

La interpretación profesional, la información visual y las herramientas tecnológicas pueden formar parte de las soluciones, pero su utilidad depende de que estén disponibles, funcionen correctamente y respondan a las necesidades de cada persona.

La CCSS reconoce diferencias entre capacitación e interpretación profesional

Uno de los hallazgos destacados por la Defensoría corresponde a la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Según la investigación, la institución informó que dispone de personal con conocimientos de LESCO en distintos niveles de capacitación, del I al VI, pero no cuenta con intérpretes certificados dentro de la situación examinada.

La Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad también identificó riesgos para la calidad y seguridad de la atención derivados de esta diferencia.

Saber comunicarse mediante algunas expresiones o contar con formación básica no supone necesariamente poseer las competencias de interpretación profesional.

La interpretación exige transmitir información entre lenguas de manera precisa, respetando significados y circunstancias de comunicación.

Esta distinción adquiere especial relevancia cuando una conversación contiene información sanitaria compleja, explicaciones sobre procedimientos médicos o decisiones relacionadas con tratamientos.

Ante ese escenario, la Defensoría recomendó a la CCSS diseñar un modelo institucional que garantice la disponibilidad de profesionales de interpretación en sus servicios de salud.

También planteó evaluar mecanismos de interpretación remota y mantener seguimiento sobre la aplicación de la Circular GM-14110-2025.

Las recomendaciones involucran a distintas dependencias de la Caja, entre ellas su Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Médica, la comisión de accesibilidad y las instancias vinculadas con la atención en Coronado.

INS registró 36 atenciones y el INA avanzó en cualificación

El informe no describe una ausencia absoluta de iniciativas institucionales.

El Instituto Nacional de Seguros estableció durante 2024 un contrato para brindar interpretación especializada. Como resultado, registró 36 atenciones dirigidas a personas sordas durante 2025.

De ellas, 21 fueron presenciales y 15 se realizaron de manera virtual.

En términos porcentuales, aproximadamente el 58,3% de las atenciones registradas fue presencial y el 41,7% se efectuó a distancia.

El INS también capacitó a 30 personas funcionarias en LESCO.

Estas cifras documentan la existencia de un mecanismo de atención, aunque por sí solas no permiten determinar si cubrió la totalidad de las solicitudes ni conocer los tiempos de espera o el nivel de satisfacción de las personas usuarias.

Por su parte, el Instituto Nacional de Aprendizaje consolidó un Estándar de Cualificación de Interpretación de LESCO y planteó incorporar el título de Técnico 3 en Interpretación LESCO-Español como requisito en las contrataciones públicas pertinentes.

La cualificación profesional aparece así como una dimensión adicional del problema: no basta con destinar recursos para contratar interpretación si no existen suficientes profesionales disponibles y mecanismos adecuados para reconocer sus competencias.

La Defensoría recomendó fortalecer los recursos para la certificación por competencias y ampliar las oportunidades de formación.

Interpretación remota y presupuesto permanente entre las medidas solicitadas

El financiamiento constituye uno de los asuntos centrales de las recomendaciones.

La interrupción denunciada del servicio de interpretación por videollamada durante 2024 expuso las consecuencias que pueden surgir cuando la continuidad de un apoyo comunicacional depende de recursos temporales.

Para evitar situaciones semejantes, la Defensoría recomendó garantizar asignaciones presupuestarias permanentes en las instituciones correspondientes.

En el caso del INS, solicitó mantener recursos para la interpretación y establecer requisitos de cualificación profesional en la contratación.

Para CONAPDIS, las recomendaciones incluyen emitir una circular vinculante dirigida a las entidades estatales, con el propósito de reafirmar que el apoyo comunicacional en LESCO no constituye una prestación discrecional.

La institución también deberá considerar el fortalecimiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento a las entidades con indicadores de accesibilidad más bajos, según lo recomendado por la Defensoría.

En cuanto a la interpretación remota, puede representar una alternativa para conectar a profesionales con usuarios situados en diferentes establecimientos.

No obstante, su implementación requiere considerar aspectos como conectividad, disponibilidad de equipos, privacidad de las conversaciones, capacidad de respuesta y adecuación a las circunstancias de cada atención.

La tecnología puede ampliar opciones, pero no sustituye por sí misma la necesidad de una política institucional que organice la prestación del servicio.

Cinco entidades deberán atender recomendaciones de la Defensoría

Las medidas propuestas distribuyen responsabilidades entre instituciones con competencias diferentes.

CONAPDIS tiene un papel relevante en la coordinación y seguimiento de las condiciones de accesibilidad. La CCSS concentra una responsabilidad específica sobre los mecanismos de atención en salud.

El INS debe revisar la sostenibilidad de sus servicios especializados, mientras que el INA interviene en la formación y cualificación de profesionales.

Al Consejo Presidencial Social se le solicitó dar seguimiento a compromisos interinstitucionales asumidos en agosto de 2025, incluyendo la coordinación con organizaciones de personas sordas.

La intervención de estas organizaciones resulta relevante porque permite incorporar la experiencia de quienes utilizan los servicios al evaluar su disponibilidad y funcionamiento.

Las recomendaciones todavía deben traducirse en medidas concretas cuya ejecución pueda comprobarse.

Entre los aspectos que requieren seguimiento figuran las asignaciones presupuestarias, los procedimientos de contratación, la certificación de intérpretes, la disponibilidad de opciones presenciales y remotas y los mecanismos para atender reclamaciones.

La información divulgada no establece, por sí sola, que todas las recomendaciones hayan sido ejecutadas ni demuestra que las dificultades identificadas se encuentren resueltas.

Para las personas sordas, el resultado de este proceso deberá apreciarse en situaciones cotidianas: poder acudir a una consulta, comprender la información recibida y realizar trámites sin depender obligatoriamente de conseguir por cuenta propia a una persona intérprete.

El informe plantea, en definitiva, un desafío de implementación. Costa Rica dispone de un marco jurídico que reconoce la LESCO, pero garantizar ese derecho en la práctica exige profesionales, planificación, recursos y mecanismos verificables de atención.

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