Sánchez sopesa adelantar elecciones tras caer dos decretos de vivienda; el Gobierno estudia recuperar las medidas rechazadas en el Congreso.
MADRID, ESPAÑA — Pedro Sánchez sopesa adelantar las elecciones generales tras la derrota de dos decretos de vivienda, mientras el Gobierno analiza cómo recuperar parte de las medidas rechazadas ahora.
La convocatoria, sin embargo, no estaba anunciada oficialmente al cierre de esta edición. Durante el domingo, Sánchez continuaba sus contactos con integrantes del Gobierno y dirigentes socialistas para decidir entre adelantar las urnas o intentar prolongar una legislatura cada vez más difícil por la fragilidad de la mayoría parlamentaria.
La distinción resulta esencial: existe una expectativa creciente de convocatoria electoral y diferentes sectores políticos trabajan ya con ese escenario, pero la decisión corresponde exclusivamente al presidente y todavía puede optar por mantener la legislatura.
La agenda oficial de La Moncloa mantiene para las 9:30 de la mañana del lunes la participación de Sánchez en la inauguración del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, en el Teatro Príncipe Pío de Madrid. Hasta que el jefe del Ejecutivo comunique formalmente otra decisión, ese continúa siendo su primer acto público previsto.
La derrota parlamentaria que reabrió el debate electoral
El detonante inmediato de la crisis fue la votación del viernes en el Congreso de los Diputados.
La Cámara rechazó dos reales decretos leyes relacionados con la vivienda. Entre las medidas discutidas figuraban protecciones frente a determinados desahucios, disposiciones relacionadas con los alquileres y otras actuaciones con las que el Ejecutivo pretendía responder al deterioro de la accesibilidad a la vivienda.
El resultado expuso de nuevo una de las debilidades fundamentales del Gobierno de coalición: PSOE y Sumar necesitan acuerdos con varias fuerzas parlamentarias para sacar adelante buena parte de sus iniciativas.
Junts volvió a ocupar una posición decisiva. Su voto contrario, unido al rechazo del PP y Vox y de otros diputados de la oposición, contribuyó a hacer fracasar las iniciativas.
La consecuencia política ha trascendido el contenido de los decretos. Para el Gobierno, la votación plantea una pregunta más profunda: hasta qué punto puede continuar una legislatura en la que cada iniciativa relevante exige negociaciones complejas con partidos cuyos intereses y estrategias son muy diferentes.
Sánchez debe decidir ahora si todavía existe margen para reconstruir esas mayorías o si resulta políticamente más conveniente devolver la decisión a los ciudadanos.
Las protestas por la vivienda añaden presión a La Moncloa
La crisis parlamentaria coincide con un fuerte descontento social por el acceso a la vivienda.
Decenas de miles de personas participaron este sábado en manifestaciones celebradas en numerosas ciudades españolas. En Madrid, unas 70.000 personas salieron a la calle, según la información disponible sobre la movilización, mientras las protestas se extendieron por alrededor de medio centenar de ciudades.
El encarecimiento de los alquileres, los desalojos de personas vulnerables y las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda han convertido el asunto en uno de los principales problemas políticos del país.
Uno de los casos que ha adquirido mayor dimensión pública es el de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo desalojo se convirtió en símbolo de las protestas. Parte de las medidas rechazadas en el Congreso pretendían reforzar las protecciones para inquilinos vulnerables.
El episodio proporciona al PSOE un posible eje para una campaña electoral: presentar la vivienda como una disputa entre el modelo social defendido por el Gobierno y las posiciones de los partidos que votaron contra los decretos.
Pero esa interpretación pertenece al terreno de la estrategia electoral. Las manifestaciones expresan un malestar que no puede atribuirse automáticamente a una determinada fuerza política, y su traducción en votos solo podrá conocerse mediante las urnas.
Una convocatoria inmediata llevaría a España hacia las urnas
La Constitución española atribuye al presidente del Gobierno la facultad de proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, previa deliberación del Consejo de Ministros.
La convocatoria anticipada no es, por tanto, una decisión del PSOE ni del conjunto del Ejecutivo. La iniciativa política corresponde a Sánchez y la disolución se formaliza mediante real decreto.
Si finalmente decide activar ese mecanismo, comenzaría inmediatamente un proceso electoral regulado por la legislación española. Entre las fechas que aparecen en los cálculos políticos publicados estos días figura el 29 de noviembre, aunque esa fecha no debe considerarse oficial hasta que exista un decreto de convocatoria.
La decisión tendría también una consecuencia institucional importante. La legislatura parlamentaria terminaría con la disolución de las Cortes, pero el Gobierno no pasaría automáticamente a estar en funciones en ese momento.
El Ejecutivo continuaría ejerciendo sus competencias hasta la celebración de las elecciones. La situación de Gobierno en funciones comienza después de los comicios y se mantiene hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo.
Esta diferencia jurídica es especialmente relevante por el futuro de las medidas de vivienda que acaba de rechazar el Congreso.
La Diputación Permanente aparece como una posible salida
La disolución de las Cortes no significa que desaparezca toda actividad parlamentaria.
La Constitución establece la existencia de Diputaciones Permanentes para garantizar determinadas funciones de las Cámaras cuando estas están disueltas o ha expirado su mandato. En el Congreso, este órgano puede asumir competencias relevantes durante el periodo comprendido entre la disolución y la constitución de la nueva Cámara.
Ese mecanismo ha entrado en los cálculos políticos sobre las medidas de vivienda.
El Gobierno podría estudiar la aprobación de un nuevo real decreto ley con contenidos iguales o similares a algunas de las disposiciones rechazadas. Si las Cortes estuvieran ya disueltas cuando correspondiera su control parlamentario, la Diputación Permanente tendría un papel fundamental.
La composición del órgano modifica además la aritmética que produjo la derrota del viernes.
La Diputación Permanente del Congreso cuenta actualmente con 69 miembros. PSOE y Sumar disponen conjuntamente de 31 representantes. Para alcanzar 35 votos, la mayoría absoluta del órgano, necesitarían otros cuatro apoyos.
Los partidos que respaldaron determinadas medidas de vivienda en la votación del viernes podrían proporcionar esos votos, lo que reduciría la capacidad de Junts para bloquear una nueva iniciativa si se reprodujera esa alianza.
No significa que los decretos rechazados puedan recuperarse automáticamente. Tendría que existir una nueva decisión del Gobierno y cumplirse el procedimiento constitucional y parlamentario correspondiente. Además, los apoyos pueden variar dependiendo del contenido concreto del nuevo texto.
El Gobierno todavía conserva otra opción: continuar la legislatura
El adelanto electoral no es la única salida.
Sánchez puede decidir continuar y buscar nuevos acuerdos parlamentarios. Esa alternativa permitiría al Ejecutivo volver a negociar medidas sobre vivienda, presentar nuevos textos y comprobar si existe todavía una mayoría capaz de sostener las principales iniciativas de la legislatura.
El problema es político más que estrictamente jurídico.
La relación con Junts ha atravesado numerosos episodios de tensión. El Gobierno necesita frecuentemente los votos del partido independentista catalán, pero las diferencias sobre vivienda, financiación, competencias territoriales y otros asuntos han demostrado que el apoyo a la investidura no equivale a una mayoría parlamentaria estable durante toda la legislatura.
Esa realidad obliga al Ejecutivo a negociar prácticamente iniciativa por iniciativa.
El propio Gobierno defendía todavía a finales de julio la continuidad de su proyecto. Sánchez aseguraba entonces que su Ejecutivo funcionaba y destacaba la aprobación de 26 normas con rango de ley durante el periodo de sesiones.
Dos meses después, la derrota en vivienda ha alterado nuevamente el panorama.
La vivienda podría convertirse en el centro de una campaña
Un eventual adelanto colocaría la vivienda en una posición central de la campaña electoral.
El problema tiene capacidad para movilizar a grupos muy distintos: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una proporción creciente de sus ingresos al alquiler, propietarios preocupados por la seguridad jurídica, pequeños arrendadores, grandes inversores y personas vulnerables amenazadas por un desalojo.
Los partidos ofrecen respuestas diferentes.
El Gobierno y las fuerzas de izquierda defienden una mayor intervención pública para limitar determinados efectos del mercado, ampliar el parque de vivienda asequible y proteger a colectivos vulnerables.
El PP sostiene que la respuesta debe concentrarse en aumentar la oferta, facilitar la construcción y ofrecer seguridad a los propietarios, mientras rechaza medidas que, a su juicio, pueden terminar reduciendo el número de viviendas disponibles para alquiler.
Vox mantiene una oposición frontal a buena parte de la política de vivienda del Ejecutivo. Junts, por su parte, combina discrepancias sobre el contenido de las medidas con una estrategia política propia frente al Gobierno central.
Una campaña electoral permitiría a los ciudadanos decidir entre esos modelos, pero también abriría una competición sobre asuntos que trascienden la vivienda: economía, inmigración, servicios públicos, política territorial, corrupción y relaciones internacionales.
Sánchez mantiene la última palabra
El elemento decisivo sigue siendo la ausencia, hasta ahora, de un anuncio formal.
La agenda publicada por Presidencia mantiene a Sánchez este lunes en Madrid para inaugurar el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. El acto está programado a las 9:30 y cuenta con cobertura abierta y señal en directo.
Esa confirmación oficial obliga a mantener cautela ante informaciones que presentan el adelanto como un hecho consumado.
El PSOE puede prepararse para unas elecciones. Los ministros pueden considerar probable la convocatoria. Los partidos pueden acelerar sus propios preparativos y las encuestas pueden medir escenarios hipotéticos. Ninguna de esas circunstancias sustituye el acto constitucional necesario para disolver las Cortes.
España entra así en unas horas decisivas con dos escenarios abiertos.
Sánchez puede intentar recomponer su mayoría parlamentaria y continuar la legislatura, asumiendo el coste de negociaciones cada vez más complejas. O puede concluir que la derrota de los decretos de vivienda ha marcado un punto de inflexión y convocar a los ciudadanos antes de que termine el mandato ordinario.
Hasta que el presidente hable, el adelanto electoral sigue siendo una posibilidad de alta relevancia política, no una convocatoria oficial.
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